UPTA Rioja reclama a Hacienda que ponga en marcha una plataforma única de intercambio de facturas electrónicas que sea pública, obligatoria y gratuita, para la entrega, recepción y comunicación de los cambios de estado de tramitación de las facturas.

Los autónomos españoles estarán obligados a cumplir con las obligaciones de facturación electrónica establecidas en la Ley 18/2022 de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

Esta ley, pendiente de desarrollo reglamentario, dispone que, en un plazo de dos años, será de obligado cumplimiento y se extenderá a los más de 3.3 millones de trabajadores por cuenta propia y a las empresas españolas.

UPTA ha dejado muy clara su posición al respecto, solo aceptará que se implante una solución tecnológica o plataforma cuya titularidad pertenezca a la administración tributaria, ya que, en caso contrario, los datos relativos a la facturación, clientes, proveedores y todos aquellos referidos a los negocios podrían estar en manos de particulares, en calidad de proveedores de servicios de facturación electrónica.

En este contexto, desde UPTA Rioja “pensamos que, en este proceso y ante las exigencias con la entrada en vigor de esta obligación, las buenas prácticas fiscales deben primar para nuestro colectivo".

Eduardo Abad, presidente de UPTA: “el estigma que sufren los autónomos en los sectores en los que desarrollan más actividades es inaceptable. UPTA, como organización representativa del trabajo autónomo, debe formar parte activa de cualquier negociación que se lleve a cabo sobre esta materia para poder determinar lo que es más conveniente para el colectivo representado.

“Por ello, no cejaremos en alertar sobre esta situación y permanecer en esta lucha, si no queremos encontrarnos con sorpresas desagradables. Estos cambios están ligados a la reforma fiscal que se está abordando para nuestro colectivo y en la que UPTA es parte de la negociación y que afectan, principalmente, al Impuesto de Sociedades, al sistema de módulos del IRPF y al IVA, respecto del que se está planteando un nuevo régimen en el que no sería necesario declarar si no se superan unos determinados límites de facturación, que para UPTA debería establecerse en los 100 mil euros”.