Solicitan la derogación del artículo 313.5 que penaliza el derecho de huelga como se infiere de los más de 300 sindicalistas encausados

La Constitución Española configura la huelga como uno de los derechos fundamentales en los que se asienta nuestro Estado social y democrático de derecho; goza del máximo nivel de garantías y vincula a todos los poderes públicos. Y, como tal, resulta paradógico que las organizaciones sindicales se vean obligadas a salir a la calle para recordar su carácter fundamental. 

En nuestro país, durante más de treinta y cinco años, los trabajadores hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo.
Ahora está siendo cuestionado a través del artículo 315.3 del Código Penal que penaliza el ejercicio del derecho a huelga como se infiere de las más de 300 causas y actuaciones penales desarrolladas contra los trabajadores que participaron legítimamente en las huelgas convocadas por las organizaciones sindicales más representativas contra las reformas laborales.

Uno de los casos más sangrantes es el de 8 trabajadores de la planta de AirBus, en Getafe, cuyo juicio arrancó el 9 de febrero, y a los que se les pide penas de 8 años a cada uno por participar en la Huelga General de 2010 defendiendo sus derechos y los de sus compañeros. Esta causa se ha convertido en un símbolo en la defensa del derecho de huelga, que ha traspasado nuestras fronteras y que está siendo seguido con atención en el ámbito europeo. Sin olvidarnos de los tres trabajadores riojanos que siguen a espera de juicio, con unas peticiones que suman más de 20 años de cárcel, por defender sus derechos y los del resto de trabajadores.

Por ello, UGT y CCOO han decidido organizar una serie de actos conjuntos como la concentración celebrada el 9 de febrero -coincidiendo con el inicio del juicio de Airbus- frente a la Delegación del Gobierno de La Rioja para expresar su defensa a ultranza del derecho de huelga y en apoyo a estos sindicalistas y trabajadores. Porque la huelga es un derecho, no es un delito.