Esta mañana la Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), sindicato mayoritario en La Rioja, ha mantenido una primera reunión con la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos. Los representantes sindicales han planteado los distintos problemas que afectan a dicha Consejería y al personal bajo su responsabilidad, que se deben resolver de manera prioritaria.  

Así, el sindicato ha presentado un informe donde plantea la recuperación del servicio Emergencias 112, que fue privatizado por el Partido Popular y que actualmente cuesta a las arcas públicas más de un millón de euros anuales. Si la gestión fuera pública y con personal propio de esta Administración, llevaría a un ahorro de cerca de medio millón de euros, por no hablar de la información sensible que maneja el servicio y que debe estar en manos de empleados públicos.

Junto con esto, UGT ha pedido a la consejera que se pronuncie sobre la reversión de otras privatizaciones, como la de la Residencia Iregua, recordándole la proposición presentada por el PSOE en el Parlamento riojano. También es imprescindible revertir las privatizaciones de distintos servicios que se han llevado a cabo en los centros asistenciales (lavandería, cocina o limpieza), que deben volver a la gestión pública. La calidad de estos servicios ha mermado desde su privatización ya que, en vez de la prestación de un servicio de calidad, el único criterio es el económico, además del constante incumplimiento de los convenios que aplican.

UGT también ha planteado que los centros asistenciales públicos como la Residencia de Personas Mayores del Espíritu Santo de Calahorra, Residencia de Lardero o los CAPDP Santa Lucía, sito en Fuenmayor, sean declarados como “centros sociosanitarios”, superando la consideración actual de “centros residenciales”. El objetivo de esta medida sería coordinar la asistencia curativa, social y educativa de colectivos en situación de dependencia como la tercera edad, los enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial.

UGT estima que hay un déficit de 20 trabajadores en la plantilla de dichos centros, ya sea de auxiliares de enfermería, de enfermeros o de personal operario. El envejecimiento de la plantilla, el aumento de las cargas de trabajo y los nuevos perfiles de usuarios, con personas en emergencia social que en ocasiones generan situaciones de agresividad o problemas de convivencia, se debe paliar cubriendo al personal de baja de modo adecuado y adaptar de forma correcta los turnos de trabajo, para que se ajusten a las necesidades reales de las plantillas.

Otro tema tratado han sido los atascos en la Justicia riojana, especialmente en los Juzgados de Calahorra, que soportan gran volumen de trabajo y que acaba repercutiendo en los trabajadores, por lo que son necesarios refuerzos de plantilla.

Ana Santos se ha mostrado receptiva coincidiendo con UGT en el abuso de contratas privadas, que ascienden a 240 en su propia Consejería, todas ellas ejecutadas por el Gobierno del PP.  La consejera comparte y entiende las reivindicaciones de UGT y, a pesar de la falta de disponibilidad presupuestaria y el aumento excesivo de la deuda generada por el anterior Ejecutivo, ha transmitido que pondrá todos los medios a su alcance para ir solventando y atendiendo las reivindicaciones trasladadas.  

UGT espera que así sea, y seguirá trabajando todo lo posible con este objetivo.