Considera que se burla de la Ley y de los trabajadores con menores salarios

UGT ha rechazado la decisión unilateral tomada por el Gobierno en funciones sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2016 en un 1%, por entender que vulnera la normativa legal para la fijación del SMI y porque supone una nueva agresión a los trabajadores con menores ingresos.

Por quinto año consecutivo, el Gobierno evita cumplir sus obligaciones legales y en lugar de proceder a la preceptiva consulta con las organizaciones sindicales más representativas –tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores–– emite una carta en la que anuncia una decisión que ya tiene tomada. De hecho, a principios de noviembre, UGT y CCOO remitieron una propuesta detallada y argumentada a la entonces Ministra de Empleo y Seguridad Social para el incremento del SMI en 2016, instándole a iniciar el periodo de consultas –una petición que repitieron a principios de diciembre-. Pues bien, la decisión ha sido tomada sin periodo de consulta, ni reunión entre las partes, ni respuesta a la propuesta de las organizaciones sindicales, obviando la Ley 8/1980.

Además, consideran “absolutamente inaceptable” la subida del 1% en la cuantía del SMI. La devaluación del factor trabajo y la insuficiente evolución del SMI es una de las razones fundamentales del grave deterioro social. La práctica congelación a la que le ha sometido el PP desde que llegó al gobierno ha provocado el empobrecimiento de la parte más débil de las personas asalariadas.

Tal y como han explicado UGT y CCOO, en países como Alemania, el SMI se ha convertido en uno de los instrumentos principales para combatir la pobreza laboral porque su función es la de proteger a las personas asalariadas con empleos más precarios y por lo tanto con mayores dificultades para negociar sus condiciones de trabajo. Por eso resulta inaceptable que en el cambio del ciclo económico, con la salida de la recesión, el gobierno en funciones del PP vuelva a agredir a los más débiles, en lo que es una contradicción absoluta con su discurso de salida de la crisis.

De hecho, se prevé que en 2016 la inflación va a estar por encima del 1% y empresarios y sindicatos ya han acordado un incremento de los salarios del 1,5%; por lo que resulta obvio que el aumento fuera mayor precisamente para los que menos cobran, como fórmula para combatir la pobreza laboral y la desigualdad.

Por último, UGT y CCOO ya han manifestado que si el Gobierno sigue adelante con su decisión lo denunciaremos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulneración de los derechos laborales