UGT FICA ha desvelado esta mañana en rueda de prensa uno de los casos en los que se ha visto obligada a denunciar ante la Inspección de Trabajo para poner fin a una situación prolongada en el tiempo de riesgo grave para la salud de los trabajadores. Una situación que tiene una particularidad y que cobra mayor gravedad si cabe, dado que estos trabajadores pertenecen a una empresa contratada para desarrollar labores de mantenimiento para el Gobierno de La Rioja en el Palacio de Justicia. “Un ejemplo nítido de cómo una licitación de trabajos a bajo coste en una administración repercute de manera directa en la salud de los trabajadores que ejecutan ese trabajo, sin que la administración pública, en este caso, el Gobierno de La Rioja, haya asumido en este tiempo la evaluación correcta de los riesgos”, ha denunciado el secretario general de UGT FICA La Rioja, Carlos Alfaro.

Los hechos denunciados por UGT FICA se remontan a 2016 cuando la empresa Moncobra SA asumió los trabajos de mantenimiento de la sala de autopsias del edificio de los Juzgados de Logroño. Tal y como ha detallado el secretario de Salud Laboral de la Federación, Enrique Echazarra, “se trata de unos trabajos que implican labores como desatascar sifones con restos humanos o cambiar filtros de los extractores que contienen “polvo de huesos”, entre otras tareas, por lo que los trabajadores están expuestos a agentes biológicos y químicos, entre otros, el formaldehído”.

Unas labores para las que, “ni el Gobierno de La Rioja ni Moncobra ofrecieron en ningún momento a los trabajadores ni la formación adecuada, que se limitó a una simple charla de una hora sobre riesgos, ni les entregó Equipos de Protección Individual (EPIs) adecuados, sino que su única protección se reduce a un buzo de papel, máscaras sin filtros y guantes de látex”, explica. “Por supuesto son ellos mismos los que determinan qué equipos utilizar en cada momento, a su libre albedrío de acuerdo a un simple folleto informativo que recoge las características técnicas de los EPIs”, añade. 

Más aún, “la falta de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales entre Moncobra, el Palacio de Justicia y el Gobierno de La Rioja hace que no se haya realizado ni la obligatoria evaluación sobre la exposición a agentes biológicos”, expone. Es decir, “durante 7 años, los trabajadores de mantenimiento de la sala de autopsias del Palacio de Justicia han sido sometidos sistemáticamente a riesgos biológicos y químicos sin que ni administración pública ni empresa hayan manifestado voluntad alguna de proteger su salud, como es su obligación”, denuncia. “Lanzaron a estos trabajadores al mar sin saber nadar y sin salvavidas, mirando hacia otro lado y confiando su salud a la suerte”.  

Tras tener conocimiento de esta situación, UGT FICA optó por denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo que, tras reconocer que estos trabajadores han estado expuestos a riesgos biológicos y químicos, ha requerido al Gobierno de La Rioja y a la empresa a poner fin de manera inminente a esta situación de peligro para los trabajadores, de modo que antes del 15 de enero debe estar resuelto. 

“Ahora sólo nos queda confiar en que actúen y que no hayamos llegado tarde para los trabajadores que han estado reiteradamente expuestos a estos riesgos”, explica para añadir que aunque en la actualidad son 4 estos trabajadores, han sido muchos más los que durante 7 años han desarrollado estas labores de mantenimiento en la sala de autopsias, “por lo que si alguno de ellos sospecha que su salud se ha visto resentida por la ejecución de este trabajo, se ponga en contacto con UGT para actuar como corresponde y exigir la depuración de las responsabilidades que se deriven”, añade.

Una situación habitual
Por su parte, el secretario general de UGT FICA, Carlos Alfaro, ha denunciado que, si bien “no es un caso cualquiera puesto que es el propio Gobierno de La Rioja quien ha puesto en riesgo a sus trabajadores”, “por desgracia, esta situación de desprotección sí es una práctica generalizada en la contratación de servicios para las administraciones públicas”.  

En este sentido, Alfaro añade que “las consecuencias de la contratación de trabajos, servicios y obras para las administraciones públicas a bajo coste terminan pagándola los trabajadores, bien mediante una reducción de su salario, o bien con algo más preciado aún: su salud”. De hecho, “si esto está pasando en un lugar como el Palacio de Justicia, que son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley, os podéis imaginar qué es lo que está pasando en otras contrataciones de trabajos en entidades públicas y en privadas”, asegura.

Así las cosas, el responsable de UGT FICA ha insta a todas las administraciones “a no hacer dejación de funciones en materia de salud laboral porque son ellas las responsables de los trabajos y son ellas las que tienen que asegurarse y velar de forma proactiva por que los trabajos que se están desarrollando “en su casa” se realizan de forma segura”, explica. 

De igual forma, ha instado a la introducción en los pliegos de contratación de cláusulas de obligado cumplimiento en materia de seguridad laboral “y a una revisión completa de la Ley de Contrataciones para que cualquier eventualidad durante la prestación del servicio o el trabajo no termine repercutiendo en el salario y en la salud de los trabajadores”.

El papel de la Inspección
Además, Carlos Alfaro también ha denunciado la falta de celeridad de la actuación inspectora. “A pesar de que tenemos que agradecer a la Inspección de Trabajo que, en esta ocasión, haya actuado, tenemos que denunciar que desde que interponemos la denuncia hasta que se ha producido esta resolución han pasado once meses; once meses ha tardado la Inspección en resolver una denuncia sobre riesgo grave de exposición de la salud a riesgos biológicos y químicos. Es más, tras varios meses desde la denuncia, viendo que la investigación ni se había iniciado, nos vimos obligados a solicitar por escrito información sobre el estado en el que se encontraba. Si no, nos tememos que ni siquiera hoy se hubiera iniciado”, añade.

“Esta es la realidad de la Inspección de Trabajo en La Rioja. No tiene medios y por lo tanto es absolutamente ineficiente e ineficaz. No nos sirve de nada y así lo venimos denunciando por activa y por pasiva desde este sindicato”, añade para concluir que “lo terrible es que la falta de agilidad y de medios en la Inspección redunda en una sensación de total impunidad en las empresas y, como vemos, también en las Administraciones, contribuyendo, inevitablemente, a que los trabajadores y trabajadoras paguen con su vida y su salud las consecuencias de esta situación”.