El sector de la Administración General del Estado de FeSP-UGT denuncia “el colapso” que sufre la Seguridad Social en La Rioja ante un gran número de solicitudes de prestaciones sociales.

Las oficinas están desbordadas por nuevas solicitudes del IMV. La gestión del recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital está provocando una sobrecarga de trabajo y que la Seguridad Social sea incapaz de atender las demandas de los usuarios, ahora más obligados que nunca a la cita previa y a la comunicación por teléfono o por las redes sociales.

Cuando alguien se pone en contacto con la Seguridad Social, muchas veces sólo obtiene como respuesta una disculpa grabada y la recomendación de intentarlo más tarde o en otra provincia diferente. Se pretende atender con el mismo personal un volumen de trabajo, que no cesa de aumentar, en prestaciones de jubilación, incapacidad, viudedad o a favor de familiares y a las que ahora se une el Ingreso Mínimo Vital.

Esta semana, en las oficinas de Arnedo, Calahorra, Haro y Nájera no existe la posibilidad de concertar una cita y en Cervera del Río Alhama y en Logroño la primera cita disponible es para aproximadamente dentro de un mes.

Más duro aún es intentar ponerse en contacto con la Tesorería de la Seguridad Social para preguntar por los ERTE’s aplicados en las empresas o para la prestación de Cese de Actividad de los autónomos. Es imposible acceder vía telefónica, quedando solo la vía telemática, que acumula casos sin poderlos solventar hasta llegar a superar el centenar cada día.

El resultado es un malestar en los usuarios ante unos funcionarios que no son responsables de esa sobrecarga de trabajo producida por la avalancha de tramitaciones de prestaciones sociales y que son, igualmente, víctimas de un sistema que ha generado similares problemas en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) con la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo y que ha llevado al límite tanto al sistema como a los propios funcionarios.

La carencia de personal para el servicio telemático o presencial es un problema que se extiende al resto de comunidades autónomas y así se ha denunciado tanto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como en la intervención de UGT en la reunión del Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad Social, celebrado en Madrid el pasado mes de julio.

No se puede ocultar ni minimizar esta situación que sufren la mayor parte de los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado por el déficit de personal que se arrastra desde hace varios años.

A nivel estatal, en enero de 2010 había un total de 31.897 empleados públicos en la Seguridad Social. En casi diez años este número se ha reducido sobre un 20 %, quedando en 25.841. En La Rioja el porcentaje es similar: se ha pasado de 224 a 179 efectivos contando, además, con la incorporación de personal procedente de Correos, hecho que no ha paliado esta preocupante falta de personal.

Se trata de una situación realmente alarmante ya que en la próxima década se jubilará casi la mitad de la plantilla actual de la Administración General del Estado y el 80 % del resto tendrá más de 60 años. En la Seguridad Social casi el 90% del personal tendrá una edad superior a 60 años.

Aunque la pandemia de la Covid-19 ha generalizado la administración electrónica, las propias limitaciones electrónicas del sistema y las de los usuarios obligan a cualquier Administración a dar un servicio público que, ya sea telemático o presencial, implica en cualquier caso más personal en la plantilla.

Tanto los centros de la Seguridad Social como los del resto de la AGE (Administración General del Estado) no han recuperado, en ningún momento, el nivel de empleo que se perdió en los años de recortes en el sector público. Y no por ello ha dejado de crecer la carga de trabajo, lo que hace difícil mantener un servicio público de calidad sin reforzar las plantillas.

Desde la Unión General de Trabajadores demandamos unas políticas públicas y un aumento sustancial de la oferta de empleo público para que no se desvirtúe el derecho a recibir unos servicios públicos universales, iguales y con las mismas coberturas.