Se endurecen los requisitos de las personas necesitadas de esta renta que, como máximo, sólo puede ascender hasta los 370 euros

UGT, CCOO y Colegio Oficial de Trabajadores Sociales manifestaron su rotundo rechazo a la intención del Gobierno riojano de modificar el decreto que regula la Renta de Inserción Social para endurecer y limitar más aún su acceso. Como explicaron, se trata de una ayuda de 370 euros para mantener las "necesidades básicas de alojamiento y manutención" y para lograrla los beneficiaros deben pasar una entrevista con el Trabajador Social y determinados filtros establecidos al efecto. Por tanto, se trata de una ayuda para personas en caso de gran necesidad y su recorte hará que algunas familias tengan serias dificultades económicas. Según explicaron en el preámbulo de modificaciones se alega la detección de duplicidad de ayudas en una persona y, también, que este ingreso disminuye el interés por buscar un empleo. Las tres organizaciones negaron que se produzca duplicidades que, en todo caso, "puede detectar el propio Gobierno con sus bases de datos"; de igual forma, "con 372 euros nadie va a cronificar la situación de desempleo, todos quieren un trabajo", aseguró la secretaria de Igualdad de UGT, Teresa Rodríguez. También consideraron que "pone en entredicho" la labor de los trabajadores sociales, que son los encargados de aprobar la concesión de ayudas. Con la modificación del decreto se pretende aumentar de uno a tres años el tiempo que una persona debe estar empadronada para poder solicitarlo. De igual forma, se establece un periodo de un año, después de haber estado recibiendo otras ayudas, para poder solicitar ésta. Por tanto, la persona sin recursos "tiene que estar un año muriéndose de hambre y, si aguanta, puede pedir la ayuda", denunciaron. Se elimina el pago con efecto retroactivo, en caso de tardar en percibir la ayuda una vez concedida, y se establece un máximo de dos años como tiempo en que puede recibirse; puntos también rechazados por el Colegio y ambos sindicatos y que, junto con los anteriores, han motivado la presentación de alegaciones en el Consejo de Servicios Sociales. Los tres organismos esperaron que las modificaciones no salgan adelante ya que, tal y como dijo la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Vanesa Villa, en caso afirmativo, "vamos a encontrarnos con muchas personas que no tendrán ni para comer". Según sus datos, si antes de comenzar la crisis no llegaban a doscientas las personas que recibían esta ayuda, en el año 2010 se alcanzó la cifra de 1.280.