Unos 100 profesionales de la seguridad privada han reclamado esta mañana en Logroño mejores salarios para afrontar el incremento de precios y han denunciado las dificultades para avanzar en la mesa de negociación del convenio sectorial, donde se debe dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo las personas trabajadoras del sector a causa de la inflación de precios.

Los sindicatos UGT-FeSMC, CCOO y USO en La Rioja han convocado una concentración que surge ante el inmovilismo de unos representantes empresariales enquistados en posiciones desfasadas que no se corresponden con la realidad económica y social que vive este país y que sufren sus trabajadores.

La concentración ha tenido lugar frente al Palacio de Gobierno de La Rioja. La presidenta del Ejecutivo regional, Concha Andreu, se ha acercado hasta los manifestantes para solidarizarse con su justa lucha y ha apostado por aumentar los salarios en favor de la clase trabajadora.

APROSER y ASECOPS, asociaciones empresariales participantes en la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, evidencian con sus manifestaciones y propuestas su intención de bloquear cualquier tipo de incremento salarial razonable, así como su posición no solo de no avanzar en condiciones laborales para el colectivo, sino de retrocesos en temas tales como el cobro del plus de antigüedad.

Para las tres centrales sindicales más representativas en el sector de la seguridad privada, es evidente que son las empresas y los clientes públicos y privados quienes han instaurado en el sector un modelo basado en los bajos precios de adjudicación sin ningún tipo de valor añadido en la prestación de sus servicios.

Este modelo y la  imposibilidad de trasladar incrementos de costes a los clientes son las excusas fundamentales esgrimidas por parte de las patronales del sector para intentar no acometer las necesarias mejoras de condiciones económicas y laborales que merece el colectivo.

Esa política de precios está impactando en la seguridad de los propios trabajadores y trabajadoras durante el desempeño de su profesión y en la calidad del servicio prestado. En este sentido, parece que quien debiera ser ejemplo y referente de buena praxis en la contratación de servicios, el sector público, es todo lo contrario.