Ni calendario laboral, ni prevención de riesgos, ni abono de domingos y festivos, ni cumplimiento de las jornadas, ni traslados entre domicilios como tiempo trabajado... Estas son las condiciones bajo las que el Ayuntamiento de Logroño permite que Servisar y Eulen den el servicio

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Logroño -cerca de 300 entre las dos empresas adjudicatarias del servicio, Servisar y Eulen- han denunciado los constantes y reiterados incumplimientos del convenio colectivo que conoce y no remedia el Ayuntamiento de Logroño. Y lo que es peor, "no vemos voluntad política de que quiera solucionarlo", ha explicado esta mañana el secretario general de FeSP-UGT de La Rioja, Fernando Domínguez, en rueda de prensa. La solución era fácil y pasaba por reflejar en el pliego recién licitado "algo tan sencillo y comprensible como la necesidad de las empresas adjudicatarias de cumplir el convenio colectivo" tal y como también se aprobó en una moción en pleno, "y sin embargo se vuelve a sacar sin ni siquiera una recomendación de cumplimiento".

Una situación incomprensible cuando se trata de incumplimientos tan básicos como la ausencia de un calendario laboral. "Las trabajadoras no sabemos cuándo tenemos que ir ni salir de trabajar",  ha denunciado la secretaria del sector de Dependencia de FeSP-UGT La Rioja, Inmaculada Rubio, quien asegura que "ninguna de las dos empresa cumplen con las jornadas estipuladas ni respeta el descanso semanal ni diario obligatorio", expone. "Tampoco paga el complemeento de domingos y festivos a las trabajadoras que tienen que recurrir a la Justicia para reclamar las cantidades", añade. 

A todo ello, "en el caso de Servisar los tribunales reconocieron el tiempo de traslado entre domicilios como tiempo de trabajo efectivo, y a la hora de aplicar la sentencia, lo hacen a una parte de las trabajadoras, las que ellos consideran arbitrariamente, no a todas las que se les reconoce por sentencia, obligándonos a recurrir a la justicia otra vez". Y además, "no se comunica con claridad las órdenes de trabajo y el contenido del servicio, de modo que en muchas ocasiones, las trabajadoras se tienen que enfrentar a situaciones complicadas con los propios usuarios que desconocen hasta donde llegan sus funciones", continúa. Y todo ello, "con la negativa de las empresas de que las delegadas de prevención entren en los servicios con las coordinadoras para que evalúen, in situ, cuáles son los riesgos para la salud de las trabajadoras, obviando la necesaria prevención", asegura. 

"Y todo ello lo sabe el Ayuntamiento; saben que las empresas a las que ha adjudicado su servicio incumplen por sistema cuestiones básicas del convenio; saben que son empresas que se están lucrando con dinero público a costa de la espalda de unas trabajadoras a las que no ofrecen ni las más mínimas garantías laborales", acusa Domínguez. Por último aclara que "somos conscientes de que el Ayuntamiento no es quien incumple, sino las empresas, pero es su obligación controlar que cumplan, aunque sólo sea por que no se resienta la calidad de este servicio tan demandado, cada vez más, por los ciudadanos, y que están desarrollando las trabajadoras con salarios de miseria y total inestabilidad, con los problemas que ello supone para los usuarios del servicio".