UGT insta a comprobar los efectos del pacto alcanzado en 2011 antes de abordar su reforma

UGT considera que no es de recibo hablar de nuevas reformas, en aras a la sostenibilidad del sistema, antes de que se aplique y se observen los efectos de la actual reforma de pensiones. Una reforma precisamente pensada para garantizar esta sostenibilidad y que profundiza en la contributividad mediante cambios en la fórmula de acceso y cálculo de las prestaciones. Se establece que la edad ordinaria de jubilación se produzca entre los 65 y los 67 años, dependiendo de los años cotizados o de la carrera de cotización (con 38 años y 6 meses cotizados te puedes jubilar a los 65 años y con 37 años, la jubilación será a los 67 años). Hay que destacar que España cuenta con una de las edades reales de jubilación más altas de la Unión Europea (63,87 años).

Esta reforma además:

- Reconoce periodos cotizados a colectivos hasta ahora penalizados en el mercado de trabajo (mujeres y jóvenes entre ellos).

- Prevé cambios en las aportaciones para reforzar la capacidad de ingreso del sistema de pensiones y elimina distorsiones que afectaban a su equidad.

- Y actúa sobre las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada (voluntaria, involuntaria y parcial) combinando la exigencia de requisitos de acceso más severos y rigurosos, que desincentivarán su utilización, con el reconocimiento de nuevos derechos inexistentes hasta ese momento.

La jubilación anticipada o el derecho a la jubilación parcial, tal y como están conformadas en la reforma que entra en vigor el 1 de enero de 2013, no atentan contra la viabilidad, ni la equidad del sistema. UGT no entiende la premura del Gobierno y su decisión de suspender su vigencia durante tres meses, con la posible intención de endurecer aún más su acceso. El sindicato alerta de que esta medida puede ocasionar desprotección e inseguridad jurídica en determinadas situaciones.

La jubilación anticipada permite dar una solución a colectivos muy desfavorecidos, como los trabajadores que se jubilan a los 61 años porque han perdido su empleo y que por su edad es casi imposible que consigan otro. Por otro lado, no hay que olvidar que la jubilación parcial es una figura generadora de empleo y que España tiene una tasa de paro juvenil que supera el 50%.

Asimismo, hay que tener en cuenta los exigentes coeficientes reductores para quienes quieren jubilarse anticipadamente, que se sitúan entre el 6,5% y 7,5% por año adelantado y que se aplican a toda la duración completa de la prestación. Otro elemento que vela por la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, en España el denominado factor de sostenibilidad ya viene funcionando con éxito desde 1995, gracias al consenso con los interlocutores sociales (a través del Diálogo Social) y los partidos políticos. Cualquier reforma del sistema de pensiones debe ser consensuada, como la que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2013, fruto del acuerdo alcanzado en 2011 por el anterior Gobierno socialista y los interlocutores sociales, por la mayoría de la Comisión del Pacto de Toledo y que fue aprobado después en las Cortes Generales.

Las pensiones públicas es el único Pacto de Estado que se mantiene vivo en España y que ahora está siendo cuestionado. Cambios unilaterales y precipitados pondrán en riesgo un sistema de reparto que siempre se ha regido por principios como la equidad, la solidaridad, la cohesión y la justicia social, sin descuidar la sostenibilidad.

La decisión sobre empleo doméstico puede quebrar los buenos resultados

Por otra parte, UGT no entiende el empeño del Gobierno de modificar lo que funciona, como ocurre con el régimen de empleados y empleadas domésticos hoy en vigor y que ha obtenido unos resultados excelentes, con una afiliación que no ha dejado de crecer por tratarse de un sector que se ha mostrado como refugio en tiempos de crisis, principalmente para mujeres españolas y extranjeras.

La modificación va a provocar una sobrecotización a la Seguridad Social ya que va a cotizar por encima de cualquier sector de actividad y de forma desproporcionada con respecto al salario que se percibe, y un aumento de la economía sumergida.

La decisión del gobierno, por tanto, puede quebrar los buenos resultados obtenidos con el cambio de regulación el 1 de enero de este año, con un periodo transitorio hasta junio, que ha supuesto el incremento de los derechos de miles de trabajadoras puesto que se trata de un sector altamente feminizado, garantizando la protección social, por primera vez, de aquellas personas que con la regulación anterior y por el número de horas trabajadas ni siquiera tenían obligación de ser afiliadas al sistema y de cotizar. Hemos pasado de una situación de precariedad en el trabajo y en la protección social futura, a una mínima garantía de derechos que hemos de seguir mejorando.