En los últimos cinco años, los expedientes tramitados se han multiplicado por 8 mientras se reduce la plantilla

UGT y CCOO se han concentrado esta mañana frente a la sede del FOGASA en La Rioja (Juan XXIII, 11 Logroño) para denunciar la situación en la que se encuentra el Organismo, saturado de expedientes con una plantilla claramente insuficiente.

El Fondo de Garantía Salarial –creado en 1976, para garantizar y anticipar a los trabajadores, el percibo de sus salarios pendientes de pago y las indemnizaciones necesarias en caso de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de las empresas es un organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus recursos provienen principalmente de las cotizaciones efectuadas por los empresarios por los trabajadores y por los Presupuestos Generales del Estado.

Tal y como ha explicado el secretario de Empleo de UGT de La Rioja, Juanjo Bárcenas, “con anterioridad a la crisis, el organismo disfrutaba de una buena situación económica y el pago de las prestaciones se hacía de manera holgada, rápida, diligente, y adecuada. Pero con la llegada de ésta, la situación se ha hecho a estas alturas crítica por el aumento desmesurado de empresas en esa situación de insolvencia”.

El aumento importantísimo del volumen de trabajo supone que en la actualidad haya 214.570 expedientes sin resolver a pesar de los esfuerzos que viene desempeñando la escasa plantilla del Organismo: alrededor de 400 trabajadores y trabajadoras en todo el territorio español. “Esos expedientes pendientes, en tanto no se tramiten, afectan a los trabajadores que no pueden percibir los salarios e indemnización por despido, devengados y no pagados por sus empresas”, explica Bárcenas.

La carga de trabajo pendiente hace que los tiempos medios de tramitación superan los 14 meses y le resulta imposible “responder a los requerimientos judiciales, y a ello colabora el aumento del gasto y la mala gestión de los recursos”.

En el caso de La Rioja, los datos elaborados por UGT indican que en 5 años el número de expedientes tramitados se ha multiplicado por ocho mientras la plantilla compuesta por tan solo 5 personas no sólo no crece, sino que ha mermado con la jubilación de uno de ellas. Concretamente, de los 347 expedientes tramitados y pagados en 2007 con un montante de pago de salarios e indemnizaciones de 1,83 millones de euros se ha pasado en 2013 a 2.869 expedientes sobre 1026 empresas y que afectan a 3484 trabajadores cuyos salarios e indemnizaciones alcanzaron los 17,66 millones de euros pagados.

“Sólo estos 5 trabajadores públicos, gracias a su profesionalidad y sacrificio, trabajando a un 200%, han logrado tramitar en tiempo y forma tal cantidad de expedientes. No obstante, se trata de una situación insostenible que se verá agravada con una jubilación, ya que el Ministerio no parece tener intención de reponerla”, asegura el responsable de Empleo de UGT. Es decir, “a partir de ahora, el organismo en La Rioja no va a poder responder a los requerimientos de la ciudadanía, unos requerimientos que se producen en un momento crítico para las personas y las familias, al conllevar la pérdida de empleo, con todas las consecuencias que ello arrastra”. Al final “los primeros afectados serán los trabajadores que no van a poder cobrar en tiempo y forma sus salarios e indemnizaciones”, asegura.

Por ello, “es urgente la incorporación de nuevos trabajadores a la plantilla del organismo, en la línea de reforzar los servicios públicos que, como consecuencia de la crisis han visto incrementadas sus cargas de trabajo de una manera exponencial”.

Por otro lado, el papel que el FOGASA viene adoptando en la crisis va variando de acuerdo con la restrictiva política del PP en el Gobierno. Concretamente, se han visto reducidas muy notablemente las cuantías que percibían los trabajadores por parte de este Organismo. Con la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 20/2012, se recortaron los topes para el cálculo de la prestación abonada por el organismo, y se pasó de considerar como base de cálculo, del triple del salario mínimo interprofesional, al doble, reduciéndose también el número de días que se debían abonar por impago de salarios: de 150 días a 120 días. Esto supone una reducción de más del 40% en la cobertura de las remuneraciones salariales de los trabajadores, de tal manera que si la empresa es declarada insolvente, o en concurso de acreedores, habrá una parte importante, casi el 60% de los salarios del trabajador.

Por último, recientemente se ha producido otra modificación en la LPGE, con la que se ha producido la eliminación de la prestación directa a los trabajadores, equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año, en empresas de menos de 25 trabajadores, que ahora deberá pagar la empresa. Esto ha supuesto que se elimine, de oficio, el 40% que pagaba el FOGASA a los trabajadores. En definitiva, el importante soporte económico que suponía el FOGASA sirve, cada vez menos, para garantizar al trabajador la percepción justa de sus prestaciones.