Los datos publicados hoy por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) muestran que el paro aumenta en 368 personas en el mes de julio, un 2,6 por ciento más, lo que sitúa la cifra total de personas desempleadas en La Rioja en 14.538, con una tasa de paro del 9,14%. De esta manera, la comunidad riojana registra el primer aumento de paro desde marzo de este año y exige proteger el empleo de cara a otoño.

El frenazo a la buena tendencia de descenso del paro en La Rioja se debe principalmente al aumento del desempleo en el sector Servicios (292) y en el Agrario (122). Sin embargo, el paro desciende en Industria (-3), Construcción (-23) y Sin Empleo Anterior (-20). Dentro del sector Servicios, la afiliación desciende de forma marcada en Educación (-989), pero también en Hostelería (-149).

En cuanto a la tasa interanual, es decir, la variación respecto a julio de 2021, el paro en La Rioja desciende en 3.299 personas, por lo que el desempleo en 2022 es un 18,50 % menor que hace un año. No obstante, el número de contratos materializados en julio de este año es de 11.259, por los 12.839 del año pasado, 1.580 menos.

El único buen dato que arrojan estas estadísticas es que el el porcentaje de contratos indefinidos que se firmaron en el mes de julio sigue siendo muy alto (31,41%) y, por primera vez, no se suscribió ningún contrato por Obra o Servicio este mes de julio.

Sin embargo, el paro registrado aumenta tanto en mujeres (218) como en hombres (150), y la brecha de empleo se sigue agrandando, siendo las mujeres las que componen el 60,26 % del total de personas paradas.

Además, la afiliación vuelve a caer en La Rioja tras varios meses de subida y sitúa en 102.415 el número total de personas afiliadas, 672 menos que en el mes anterior. La tendencia tampoco es positiva a nivel nacional, ya que la afiliación a la Seguridad Social cae en 7.366 personas y el paro aumenta en 3.230.

Los datos del paro registrado y de afiliación del mes de julio muestran un frenazo en la creación de empleo. Se trata de un ligero descenso de la ocupación que, sin embargo, no es habitual para un mes de julio, por lo que debe ser tomado como una señal de alerta, un motivo más para no dejar de apostar por políticas expansivas que favorezcan la actividad económica y la creación de empleo, dada la situación tan excepcional en la que se encuentra la economía internacional.

Estos datos, sin embargo, deben ser tomados con cautela, en tanto que pueden mostrar distorsiones aparejadas al propio efecto de la entrada en vigor de la reforma laboral, que habría disparado la contratación meses antes, no registrándose en estos momentos las cifras a las que se podría haber llegado en un año considerado normal. En términos de calidad del empleo, no obstante, es de apreciar que, tras siete meses desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el contrato indefinido se ha establecido ya como la modalidad de referencia para la contratación, en detrimento de los contratos temporales.

En todo caso, los datos conocidos hoy muestran la necesidad de atender a las amenazas presentes en el actual contexto económico, que sigue siendo preocupante debido al mantenimiento de la guerra en Ucrania y a los elevados costes energéticos que encarecen mes tras mes la cesta de la compra, y se han trasladado ya a otros bienes y servicios lastrando el consumo de los hogares. En ese sentido, es necesario actuar protegiendo la capacidad adquisitiva de las familias, con políticas más ambiciosas que contengan el aumento descontrolado de los precios y limiten los grandes beneficios extraordinarios acumulados por las grandes empresas, especialmente aquellas energéticas que se aprovechan de la actual situación.

Con una inflación avanzada por el INE del 10,8% en julio, los salarios de convenio no pueden incrementarse sólo un 2,4% como lo han hecho hasta ahora. Si queremos asegurar que las familias puedan hacer frente al pago de sus facturas al final de mes y sostengan con su consumo el crecimiento económico, los salarios deben adaptarse urgentemente al alza de los precios, repartiendo de manera justa los costes del proceso inflacionista. De lo contrario, se dará paso a un empeoramiento de sus condiciones de vida que, además de acentuar aún más la desigualdad y pobreza ya existentes, puede acabar diluyendo el que es uno de los principales efectos indirectos de la mejora de la calidad del empleo: la revaluación de las rentas salariales que lleva aparejada la creación de puestos de trabajo estables en el tiempo.

UGT emplaza al Ministerio de Trabajo a abordar ya, desde el diálogo social, la subida del salario mínimo que tendrá lugar en el próximo año; teniendo en cuenta que, para que sea efectiva, debe atender a la especial situación en la que se encuentra la coyuntura económica, con una crisis inflacionista que está impactando enormemente en los presupuestos de las familias.