UGT insta a reconocer los "canosos" a todos los empleados públicos riojanos
Fecha: 03 Dic 2015
La Administración se los concede sólo a los trabajadores de Justicia
La Dirección General de Justicia e Interior de La Rioja ha reconocido a sus trabajadores los días adicionales por antigüedad de vacaciones y de libre disposición, denominados "canosos". Una devolución de derechos que, eso sí, ha tratado de realizarse de manera sigilosa para que el resto de empleados públicos de la Administración riojana no conozcan que están siendo discriminados con respecto a sus compañeros de Administración.
En cualquier caso, FSP-UGT de La Rioja valora este reconocimiento pero ha solicitado la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para instar a la Administración riojana a aplicar la misma devolución al resto de empleados públicos, más de 7.000.
FSP-UGT reconoce que la devolución de estos días a los trabajadores de Justicia ha sido una sorpresa, ya que desde el sindicato se ha solicitado en varias ocasiones la convocatoria de las distintas mesas para la negociación de la devolución de este derecho sin obtener respuesta alguna. "Ahora este reconocimiento llega de forma unilateral y sin negociación en las distintas mesas habilitadas para ello", explica la secretaria general de la Federación, Maite Gómez.
Pese a saltarse la negociación, "nos alegra el cambio de posicionamiento de la administración con esta medida, que no hace mas que reponer los derechos de los trabajadores robados con anterioridad. Y entendemos que debe hacerse extensible a todos los trabajadores del Gobierno de La Rioja, sin excepciones", explica.
Así, FSP-UGT pide a la Administración pública que tome la iniciativa y convoque la mesa general de negociación antes de que sea la justicia la que le obligue a realizar la devolución de los "canosos" a la totalidad de sus empleados públicos.
Los días adicionales por antigüedad de vacaciones y de libre disposición fueron suprimidos por el Real Decreto Ley 20/2012, dentro de un paquete de medidas que usurparon a los empleados públicos derechos adquiridos legítimamente.