El INE alerta en sus datos sobre Contabilidad Nacional que en el 2010 se destruyeron 238.000 empleos y que los salarios continuaron bajando, mientras los beneficios empresariales aumentaron un 4,1%

El último informe sobre Contabilidad Nacional, emitido por el INE, revela que en 2010 se perdieron 238.000 empleos en España y que los salarios continuaron en caída libre (pasaron del -1,3% al -1,7%) mientras los beneficios de las empresas crecieron un 4,1%.

En concreto, la economía española registró un crecimiento interanual del 0,6%, cuatro puntos por encima al del periodo anterior; por su parte la contribución negativa al PIB de la demanda nacional se reduce en una décima, pasando de -0,7 a los -0,6 puntos, mientras que la demanda externa incrementa tres décimas su contribución positiva al crecimiento agregado trimestral, de 0,9 a 1,2 puntos.

Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de los indicadores de este agregado muestran un comportamiento similar o ligeramente más positivo que el trimestre anterior, hay que destacar un hecho, señalada por el propio INE en su nota de prensa: "la remuneración de los asalariados, principal recurso de las familias para afrontar su consumo, continua reduciéndose, tanto por la disminución del empleo como por la de la remuneración media, lo cual incide negativamente en su ahorro".

En este sentido, el empleo (medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) modera su caída en dos décimas, pasando del -1,6% al -1,4%, pero supone la pérdida de más de 238.00 empleos netos a tiempo completo en un año. Estas pérdidas de empleo se producen en la industria, en los servicios de mercado y en la construcción.

Además, la remuneración de los asalariados continúa su contracción en cuatro décimas, del -1,3% al -1,7%, como consecuencia de la estabilización en la caída del número de asalariados (-1,3%) y de la mayor caída de la remuneración media, que se reduce tres décimas, pasando el -0,15 al -0,45.

En definitiva, si la situación de la economía y el empleo en España ya estaba más que deteriorada, no sólo por los estragos de la crisis, sino por los efectos derivados de la inoportuna retirada de los estímulos fiscales y de los recortes impuestos por el Gobierno. La persistencia de políticas fiscales restrictivas, con el único fin de reducir el déficit público, siguen impidiendo la recuperación de los niveles de actividad y de empleo en nuestro país. Además, la reforma laboral lo único que está consiguiendo es un empleo precario, que junto a altas tasas de desempleo en un escenario económico aún lejos de la senda de la recuperación e incrementos continuados de precios, repercutirá gravemente sobre el devenir de la economía, pero también de la sociedad.

Con el fin de intentar reorientar esta situación y reducir el impacto de las políticas planteadas por el Gobierno, las organizaciones sindicales promovieron el Acuerdo Social y Económico, firmado el pasado 2 de febrero. Este pacto logra reorientar las políticas de carácter social para proteger a los más afectados por la crisis económica, así como llamar la atención sobre los problemas estructurales de nuestra economía que impiden el crecimiento económico, basado en un empleo de calidad.

Con la firma de este pacto se pretende impulsar el cambio de modelo productivo, que no puede demorarse más, si queremos conseguir una recuperación económica sostenida, duradera y equilibrada. Y este cambio debe tener como base la transformación del tejido industrial, la mejora de la innovación y la consolidación de un modelo energético sostenible.

El sector industrial ha de ser motor de la recuperación, de la creación de riqueza y de empleo de calidad en nuestro país; y dada su importancia, en materia de política industrial la estrategia a seguir debe ser consensuada entre todas las partes implicadas. Por su parte, la política energética debe tener como objetivos la garantía de la seguridad de suministro y la reducción de nuestra dependencia energética, sin olvidar la sostenibilidad ambiental. Por último, la política de ciencia e innovación debe ser capaz de generar los empleos que demande el nuevo modelo productivo y apoyar la transferencia de conocimiento científico, a través de la cooperación público-privada.

Conviene señalar el papel de las políticas activas de empleo como instrumento de mejora de la empleabilidad y la formación de los trabajadores desempleados y ocupados, dada la importancia de la recualificación profesional en ese nuevo modelo de crecimiento económico que perseguimos, materia recogida ampliamente en el Acuerdo Social y Económico. Valorar en este sentido el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, que incluye, por un lado, medidas de política activa de empleo y, por otro, ayudas económicas de acompañamiento, que servirá para reorientar y recualificar a los desempleados.

Estas políticas de oferta que buscan un modelo productivo sostenible basado en un incremento de la productividad, una mejora de la competitividad y más y mejores empleos, para UGT deben complementarse con políticas de demanda que recuperen los estímulos a la actividad económica, apoyados en un sistema fiscal progresivo, porque sólo así el crecimiento económico irá acompañado de un Estado de Bienestar que garantice la cohesión social y el empleo de calidad.

No hay que olvidar que un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis exige recuperar derechos laborales y defender el Estado Social, los sistemas salariales y la posición negociadora de los trabajadores en toda Europa, para evitar que la salida de la crisis devenga en una mayor desigualdad social y más precariedad laboral.