Los buenos datos de la EPA deben ir acompañados de aumentos salariales en favor de la clase trabajadora
Fecha: 28 Jul 2022
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy referentes al segundo trimestre del año 2022 en La Rioja indican que el paro bajó en 1.500 personas en relación al trimestre anterior, hasta las 16.200 personas. De esta manera, la tasa de paro se sitúa en el 10,19 % y la de actividad en el 60,27 %, ya que el número de personas ocupadas ha aumentado en 2.500.
A nivel nacional, la tasa de paro cae al 12,48 %, la más baja en 14 años; y por primera vez desde 2008 el desempleo baja de las 3 millones de personas. En la comunidad riojana, la tasa de paro se sitúa así entre las más bajas del país, y en este segundo trimestre el empleo ha crecido porcentualmente en 1,78 puntos respecto al trimestre anterior, cifra superior a la de comunidades vecinas como Navarra (1,28) y País Vasco (-1,93).
Por sexos, el porcentaje de ocupados en La Rioja se sitúa en el 75,8 %, cifra que desciende al 67,1 % en el caso de las mujeres. Asimismo, la tasa de paro en los varones se sitúa en el 10,05 %; mientras que en las mujeres alcanza el 10,35 %. En este sentido, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) seguiremos apostando por políticas activas de empleo que sigan reduciendo la brecha laboral entre hombres y mujeres.
Además, la EPA señala que la tasa de actividad crece en 1.000 personas (1%), por lo que se registra una cifra de 159.000 activos y aumenta en un 0,37 %. Asimismo, la tasa de variación de la ocupación anual crece en un 0,37% y sube en 500 personas; y en la comunidad riojana hay 2.300 personas paradas menos que hace un año.
La información confirma el cambio de tendencia que ya se apuntaba en el anterior trimestre, consolidando la mejora en la calidad del empleo creado y mostrando la eficacia de la nueva reforma laboral para combatir algunas de las deficiencias estructurales de nuestro mercado laboral. En este sentido, y en línea con los objetivos de la reforma, cabe destacar la notable caída de la temporalidad, dejando paso a un empleo cada vez más estable y seguro.
Sin embargo, y a pesar de los resultados positivos, UGT considera que es necesario seguir avanzando en la mejora de derechos de la clase trabajadora, pues no solo sigue habiendo algunas cuestiones que quedan pendientes por negociar, sino que la actual crisis inflacionista requiere actuaciones urgentes que aseguren la calidad de vida de las personas trabajadoras.
Por ello, con una inflación por encima del 10%, incrementar las rentas salariales es una cuestión de vital importancia para sostener la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras. Si la raíz de la inflación no son los salarios, no hay razón para que éstos sólo hayan subido sólo un 2,4% de media hasta junio, - un incremento que se queda muy corto y que ya está teniendo graves repercusiones en el poder adquisitivo de las familias-.
Hacen falta políticas más contundentes para contener la inflación y proteger las rentas salariales, iniciando un proceso de diálogo urgente para repartir los costes de la manera más justa posible, sin que ello tampoco suponga un lastre para la actividad económica de las pequeñas empresas.
Por otro lado, hay que afrontar otro reto pendiente, el del paro de larga duración, que se mantiene en niveles aún muy elevados y debe ser tratado a través de unas Políticas Activas de Empleo realmente eficaces y personalizadas en función de las necesidades particulares de las personas desempleadas.
Para ello, la nueva Ley de Empleo debería ser capaz de regular y establecer un sistema de financiación adecuado y suficiente, dotando a los Servicios Públicos de Empleo del personal técnico necesario para que se puedan desempeñar su labor con eficacia.
Además, se requieren actuaciones complementarias en materia de justicia social, ampliando la cuantía y cobertura de las prestaciones sociales para evitar abrir nuevas brechas de desigualdad y pobreza. Políticas que son necesarias no sólo en el plano social, sino también en el económico, al sostener la demanda interna de la economía y la actividad de las empresas creando un escenario favorable para que la reforma laboral pueda exprimir al máximo todo su potencial generando empleo estable y de calidad.