Tras un año de la publicación en el BOE del Ingreso Mínimo Vital, desde la Plataforma Derecho a la Dignidad recordamos a la Administración Estatal y Regional que una parte de la población sigue sufriendo carencias económicas que no les permiten vivir con dignidad, ya que no se está cumpliendo con el principio de protección social de esta renta.

Como hemos venido denunciando reiteradamente, la idea que sigue subyaciendo en la articulación de las rentas mínimas, y también en el IMV, es que el perceptor es alguien a quien hay que controlar como posible defraudador social, en lugar de reconocer que vivimos en un modelo económico profundamente excluyente, generador de desigualdades e incapaz de generar empleo decente para todas.

Por eso mismo no se termina de encajar la existencia de trabajadores pobres (personas que trabajan, pero no les alcanza para vivir) y, después de un año, siguen sin articularse los mecanismos que posibiliten la complementariedad de esta prestación con los ingresos precarios y eventuales que son los que hoy proporciona el “mercado de trabajo”.

El alto índice de denegaciones y las dudosas reducciones de las cuantías, añadido a los problemas  ya conocidos para la tramitación vía telemática del Ingreso Mínimo Vital, fruto de la negativa brecha digital, obliga a las personas solicitantes a plantear recursos administrativos, para lo que necesitan un servicio de asesoría jurídica. Dada su situación económica, esta asesoría debe ser de oficio en la mayoría de los casos, con lo que duplicamos esfuerzos y retrasamos la prestación.

Es inadmisible que una renta garantizada se quede por debajo del umbral de riesgo de pobreza severa y siga dejando fuera a la población de origen extranjero en situación administrativa irregular, a las personas solicitantes de asilo, a las personas sin hogar y a una gran parte de la población joven, con lo que se contraviene la Carta Social Europea.

Tampoco se contemplan las diferencias entre quienes tienen vivienda y quienes no la tienen, por lo que para estas últimas el IMV se convierte en una transferencia de rentas a los arrendadores y los bancos.

La Renta de Ciudadanía, de ámbito regional, lejos de solucionar los problemas que trae consigo la mala, lenta y farragosa gestión del IMV, deja a estas personas en situación de verdadero desamparo, puesto que el carácter subsidiario que tiene esta Renta de Ciudadanía con respecto al IMV, hace que muchas personas pierdan protección en el proceso de tramitación entre una y otra, haciendo que los problemas administrativos repercutan en las personas que necesitan ingresos que son básicos para la subsistencia y por tanto inaplazables.

Desde este Plataforma valoramos como un paso necesario e irreversible la creación del IMV, pero  queremos recordar al Gobierno la necesidad urgente de solucionar todas las trabas que lleva consigo la puesta en marcha y aplicación del Ingreso Mínimo Vital y que se apueste, de manera inmediata, por una renta que garantice la protección y el Derecho a una vida digna para las personas en nuestro país y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.