La Inspección de Trabajo sanciona a Pretoria Seguridad tras las denuncias presentadas por UGT
Confirma que la adjudicataria del servicio de seguridad del CRMF de Lardero y del Centro de la Cultura del Rioja (actualmente sin seguridad presencial), ha incurrido en infracciones muy graves en materia de impagos de salarios e infracciones graves por obstrucción a la labor inspectora
Fecha: 02 Feb 2024
La Inspección provincial de trabajo de La Rioja ha propuesto para sanción a PRETORIA SEGURIDAD por infracciones muy graves en materia de impagos de salarios y por infracciones graves por obstrucción a la labor inspectora, tras las denuncias interpuestas por UGT de La Rioja.
La citada empresa sancionada prestaba servicio en nuestra comunidad en dos centros de trabajo: el CRMF de Lardero, dependiente del IMSERSO, y el Centro de Cultura del Rioja, dependiente del Ayuntamiento de Logroño. Ambos servicios adjudicados mediante concursos públicos en los que ha primado la oferta económica más baja.
UGT ya denunció públicamente en noviembre del año pasado la situación laboral que padecen los vigilantes de seguridad de la empresa Pretoria Seguridad en La Rioja, que llevan desde abril de 2023 sin cobrar sus nóminas. Ahora mismo, tanto el CRMF de Lardero como el Centro de Cultura del Rioja carecen de servicio de seguridad presencial y los vigilantes adscritos a dichos servicios ni tienen cuadrante asignado, ni cobran sus nóminas. Las administraciones implicadas (el IMSERSO por un lado y el Ayuntamiento de Logroño por otro) tienen la obligación de solventar de manera urgente esta situación y salvaguardar los derechos laborales de los vigilantes afectados.
UGT seguirá denunciando públicamente las constantes tropelías que las empresas de seguridad prestatarias de servicios de vigilancia cometen al amparo de contratos adjudicados mediante concurso público por distintas administraciones. Casos como el de Pretoria Seguridad o Norvik Security, que acaba de entrar en concurso de acreedores, no pueden repetirse; y, para ello, las administraciones deben exigir a las empresas a las que adjudiquen contratos un estricto cumplimiento de la legislación laboral.