Solo con la “Renta de ciudadanía” no se puede garantizar los derechos básicos de las personas en el actual contexto de precariedad laboral y crecimiento desbocado del precio de los alquileres.

El informe presentado a la Consejera de Servicios Sociales plantea la necesidad de un cambio de enfoque que deje de culpabilizar a las personas y, por el contrario, focalice toda la actividad del gobierno en procurar unas condiciones de vida digna a todas.

“Personas que con dificultad pueden alquilar una habitación, pero a las que sus arrendadores se niegan a empadronar, negándoles, con ello, el acceso a sus derechos”

“Personas que tienen a su cargo a otras que necesitan de sus cuidados”

“Personas que solo encuentran trabajos por días sueltos y condiciones de trabajo y salarios indignos”

“Personas a las que les toca vivir circunstancias vitales dramáticas”

Esta es la realidad que viven much@s de nuestr@s vecin@s; much@s más que los que nos gusta reconocer desde esa mirada de región rica y con bajas tasas de pobreza y exclusión. Pero no por ello podemos apartar la mirada, porque, como sociedad, tenemos la capacidad para asegurar a todas las personas, por el hecho de serlo, el acceso a unas condiciones de vida dignas y esa debiera ser nuestra prioridad.

Se trata de un reto al que estamos comprometidos como seres humanos y también legalmente, desde el momento mismo en el que nos dotamos de una constitución que recoge en su artículo 10 la dignidad de las personas y que se remite a los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos para su interpretación. Solo ha de apelarse, por tanto, al primero de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) suscritos por España: “Fin de la pobreza” para situar el tema en el centro del debate político y social.

El grupo “Derecho a la Dignidad” se ha fijado como objetivo dar visibilidad a todas esas situaciones y personas para conseguir situarlas en el centro de la agenda política del gobierno y de todas y cada una de las consejerías que lo conforman, porque, apelando a la filosofía de los derechos humanos, todos los objetivos están interrelacionados y deben perseguirse buscando sinergias entre ellos.

Como grupo, venimos trabajando desde el comienzo en el seguimiento de la Ley de Renta de Ciudadanía por su potencial capacidad para hacer frente a las situaciones más urgentes. Por ello, a mediados de 2018 se emitió en un primer informe que se hizo llegar al Parlamento y el pasado 18 de diciembre de 2019 hicimos entrega de un segundo informe a la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía en el que trasladamos la necesidad de un cambio radical en el enfoque de la ley y en su aplicación práctica, señalando algunas de sus manifiestas insuficiencias.

Pero tenemos claro que esta renta de ciudadanía resulta inútil si se concibe como una medida asilada:

• porque el actual contexto de mercado habitacional desbocado y sin control, convierte a quienes debieran ser los destinatarios de las ya exiguas ayudas públicas, en meros vehículos de transferencia del dinero hacia el mercado de alquiler;
• porque la condicionalidad que consagra la ley, además de transformar el derecho a la orientación laboral en una imposición, resulta inútil sin unas políticas activas de empleo que merezcan tal nombre, condenando a las personas a peregrinajes improductivos cuando no humillantes;
• porque para muchas personas la continuidad en los tratamientos médicos se está viendo condicionada por la falta de recursos y porque la depresión y la angustia están siendo moneda corriente para muchas personas que se encuentran en esta situación;
• y porque, por más que se vocifere, la realidad es que todavía hay muchas personas que, reuniendo los requisitos necesarios, no acceden a la renta ya sea por desconocimiento o por vergüenza.

Por eso, apoyándonos en los conocimientos de las organizaciones que conforman este grupo, nos proponemos no solo hacer llegar a todas las consejerías nuestro informe con los aspectos de la ley de renta de ciudadanía que más directamente afectan a sus departamentos, sino también, hacer visible las realidades que están poniendo en entredicho la dignidad de las personas y la necesidad de comprometerse con acciones específicas para transformar esa realidad.

Queremos, además, comprometer al gobierno en su conjunto para dar un giro al relato público y privado sobre la pobreza y la exclusión. En una sociedad en la que no hay empleo para todas y en la que muchos de ellos no permiten a quienes lo realizan salir de la pobreza, no podemos permitir, que por activa o por pasiva, se siga culpando de ello a las personas excluidas, se siga considerando culpables de su pobreza a quienes no consiguen los medios para la subsistencia y condenando a las más vulnerables a tener que demostrar su inocencia.  Eso es indigno.