La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT ha decidido dar un paso más para proteger a las personas trabajadoras de la seguridad privada de las agresiones diarias que padecen, mediante la exigencia de responsabilidad penal ante la justicia de las empresas, administraciones públicas o clientes que corresponda.

Tras el incremento en la frecuencia y gravedad de las agresiones que la secretaria general de FeSMC UGT La Rioja, Ana Cruz Llach ha vuelto a denunciar, y ante el caso omiso de empresas y administraciones, el secretario de Organización de FeSMC UGT La Rioja y trabajador del sector, Fernando Vega, ha advertido de que  “ya no solo pedimos, protección jurídica, protección personal y más medios -que también-, sino que además, a partir de ahora haremos todo lo que tengamos que hacer a nivel jurídico para que esta situación cambie”. 

Para Vega, “el problema es que la seguridad privada no se considera una inversión y, como es un gasto, se intenta reducir. Pero si se quiere seguridad, el personal que va a proporcionar seguridad tiene que sentirse seguro y para ello necesitamos más medios humanos, más medios de protección personal y más protección jurídica”, ha añadido. “Sabemos que tenemos que trabajar, pero no podemos normalizar que se dé por hecho que por ello nos van a agredir día sí día también”, añade. 

Por su parte, el responsable estatal del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT, Diego Giráldez, añadió que se suman a la iniciativa de La Rioja y “exigiremos responsabilidad penal en las agresiones que se produzcan en todos los territorios”, expresó.

Giráldez explicó que “la seguridad privada actúa por ley como complementaria a la seguridad pública y en muchas ocasiones actúa mermado de las facultades de autoprotección necesarias para poder proteger a la ciudadanía”. De hecho, FeSMC UGT, como sindicato mayoritario del sector, ha elevado a instancias europeas la necesidad de que “la seguridad privada en España sea reconocida como una profesión de riesgo, no como un empleo”.

Entre los distintos factores que actúan en la situación actual del sector, el responsable estatal sitúa, en primer lugar “un modelo de contratación pública que premia a las empresas que no tienen solvencia suficiente para asumir según qué tipo de servicios y que prioriza el precio más bajo en la contratación”, señala, “lo que posteriormente afecta en que los propios clientes no tengan ningún tipo de sensibilidad en cómo protegen mejor a sus trabajadores y a sus trabajadoras”. 

Por otro lado, “hemos solicitado un día sí y otro también, que los trabajadores tengan una mayor protección jurídica porque no puede ser que el interventor del Metro de Madrid sea considerado agente de la autoridad y el vigilante que tiene que proteger a ese interventor cuando tiene algún conflicto no lo sea”, ejemplifica.

Todo esto genera una situación en la que “cada día, un trabajador o trabajadora vinculada a la seguridad privada tenga que ser agredido y agredida sin ningún medio de protección por el simple hecho de ir a trabajar y por el simple hecho de intentar que los ciudadanos o ciudadanas que concurren en esos espacios se sientan más seguro”, añade.

El responsable del sector estatal ha advertido finalmente que “seguiremos movilizándonos y realizando acciones porque no puede seguir la seguridad privada convirtiéndose en un bajo precio para la administración ni convertirse únicamente como un negocio para las empresas ni el saco de boxeo de nadie. Vamos a seguir trabajando en ello, vamos a intensificar las movilizaciones, vamos a seguir exigiendo un reglamento de seguridad con mayor protección jurídica y, por supuesto, vamos a seguir poniendo a los profesionales del sector donde tienen que estar. Un sector de 80.000 personas que en algunos casos es maltratado por administraciones y por sus propias empresas y que ejerce un servicio esencial en el día a día de nuestra vida cotidiana”, ha resumido.