Las medidas suponen más desregulación, más precariedad y por lo tanto peor calidad en el empleo

La retrógrada ley del aborto capitalizó todos los medios de comunicación. Sin embargo, el último Consejo de Ministros estuvo cargado de más pésimas noticias, entre ellas una nueva reforma laboral cocinada prácticamente en silencio.

Tal y como manifestó el Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, "las medidas aprobadas en Consejo de Ministros suponen más desregulación, más precariedad y por lo tanto peor calidad en el empleo”.

Ferrer subrayó que las medidas relativas a la flexibilización del tiempo parcial van a “aumentar su desregulación mediante el aumento del límite de horas complementarias y la reducción del preaviso para realizarlas, con lo que quienes trabajen a tiempo parcial tendrán verdaderas dificultades para conciliar su vida laboral, personal y familiar”.

“Se va a introducir además la posibilidad de que en el contrato de emprendedores –que tiene el despido libre y gratuito durante un año- pueda ser a tiempo parcial y no sólo a tiempo completo, como hasta ahora” explicó.

En cuanto a la medida dirigida a la simplificación administrativa de los formularios de contratación, Ferrer señaló que “es una medida que debería ayudar a una correcta utilización de las distintas modalidades de contratos y evitar una utilización inadecuada del contrato con respecto a la naturaleza del puesto de trabajo”.

“Debería de reforzar la causalidad en la contratación y una mejora en la calidad en el empleo pero tendría que ir acompañada de una mayor vigilancia y control por parte de los Servicios Públicos a la hora de registrar los contratos y por parte de la Inspección de trabajo de la Seguridad Social a la hora de la correcta utilización de los contratos” añadió.

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, destacó que la cuantía asignada para desarrollar el Plan Nacional para la Garantía de Empleo Joven, aprobado hoy en Consejo de Ministros, es “claramente insuficiente”.

“Se trata de un plan que se ha ido demorando y se va a desarrollar desde el 2014 hasta 2020 y que contará con financiación procedente del Fondo Social Europeo de cerca de 2.800 millones para esos siete años”.

“Se va a concentrar fundamentalmente en los dos primeros años con una financiación próxima a los 1.900 millones de euros, cifra que a nuestro entender es claramente insuficiente porque va dirigido a más de 800.000 trabajadores jóvenes menores de 25 años que no tienen empleo y no están estudiando, lo que supone una inversión para el próximo año de 1.100 euros por persona, una cuantía para acciones de información, de orientación, de formación o de apoyo a la contratación claramente escasa”.

Toni Ferrer afirmó que el sindicato “ha planteado que la oferta de empleo sea adecuada, que se amplíe su duración, que se vinculen los procesos de formación con la contratación, que haya una aportación a los jóvenes investigadores y a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación a desarrollar a través de las universidades, institutos de investigación o de los departamentos de investigación de las empresas” y ha subrayado la importancia de “centrar este plan a través de los Servicios Públicos de Empleo y que cuente con la participación de los interlocutores sociales tanto en el SEPE como en las Comunidades Autónomas”.

Y sobre la ampliación del periodo de reducción de jornada para las personas con menores a su cargo de 8 años hasta los 12 años, resaltó que es una “medida positiva en su enunciado pero a la vez contradictoria porque fundamentalmente está orientada hacia las mujeres que son las que padecen en su mayor parte la desregulación que hoy se produce con el tiempo parcial”.