Fernando Domínguez dirigirá la nueva Federación tras obtener el 96% de los apoyos del Congreso

El Congreso Constituyente de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT de La Rioja ha elegido con el 96 % de los votos a Fernando Domínguez Santamaría como secretario general para dirigir la nueva federación.

La FeSP-UGT de La Rioja es la primera federación regional en constituirse dentro del proceso de reestructuración interna del sindicato en tres grandes ámbitos: Servicios Públicos, Servicios e Industria y Agroalimentaria. La nueva federación constituida aglutina a todos los sectores integrados en la Federación de Empleados Públicos –FSP- (Administración Local, Autonómica y Central, Salud, Dependencia, Correos y Servicios a la Comunidad) y en la Federación de Enseñanza (FETE) además de a otros sectores que, bajo gestión pública o privada, prestan servicios esenciales a la ciudadanía y estaban ubicados en otros organismos del sindicato.

Frederic Monell, secretario de organización federal de la FeSP ha sido el encargado de abrir el congreso y explicar la importancia de la fusión en una gran federación de todos los sectores que prestan servicios en el ámbito de las Administraciones Públicas.

En esta línea también ha tenido unas palabras el Secretario General de la UGT de La Rioja, Juan José Bárcenas, y la Vicesecretaria de la UGT Confederal, Cristina Antoñanzas, encargada de clausurar el congreso.

En la Constitución de la FeSP-UGT de La Rioja han querido estar presentes representantes de distintos organismos públicos institucionales y partidos políticos así como compañeros de la Comisión Ejecutiva regional y otras federaciones de la UGT.

Fernando Domínguez Santamaría (Logroño, 1977) asume con “ganas e ilusión” la Secretaría General de la FeSP UGT de La Rioja, tras su experiencia de los últimos tres años como Secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT La Rioja, y miembro del Comité de Empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja
En su discurso a los delegados, Domínguez ha subrayado su intención de potenciar la acción sindical para hacer más útil y cercana la federación a los trabajadores, incrementando las herramientas de participación con los afiliados con el objetivo de aunar esfuerzos y recursos para ser más eficientes en el objetivo prioritario de la nueva federación: la defensa y mejora de la calidad de los servicios públicos y la defensa de los derechos y la dignidad de sus trabajadores.

 

Para esta tarea, en los próximos cuatro años, Domínguez contará con el siguiente equipo que conforma el Comité Ejecutivo Regional de la FeSP UGT de La Rioja:

- S. Organización y Administración: José Antonio Alba Millán.
- S. Mujer y Políticas Sociales: Rosario Ortega Ortega.
- S. Administración General del Estado: Mª. Katherine Díez Lafuente.
- S. Administración Autonómica y Salud Laboral: Miguel Ángel Gurrea Rosendo.
- S. Administración Local y Servicios a la Comunidad: Sergio Corral La Huerta.
- S. Enseñanza: Alicia Romero Martínez.
- S. Salud: Pilar García López de Lacalle.
- S. Postal: Julián Pérez Alonso.
- S. Acción e Intervención Social y Dependencia: Ana Victoria Del Vigo García.

 

En el Congreso Constituyente han participado 76 delegados, que además de elegir a su Comité Ejecutivo Regional han aprobado los Estatutos de la Federación y la siguiente Resolución, encaminada a garantizar el empleo digno y el derecho de la ciudadanía a la salud, a la educación, a la dependencia y a las prestaciones sociales.

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE LA NUEVA FEDERACIÓN DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA RIOJA SOBRE POLÍTICA SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

I.- Analizar el pasado, comprender el presente, para dibujar y anticipar el futuro: Los recortes del Gobierno, retos para la nueva Federación.
El mayor damnificado por las políticas del gobierno ha sido el conjunto de la ciudadanía, como consecuencia de los ataques al Estado de Bienestar y los Servicios Públicos. Así acontece con los recortes desarrollados por los Gobiernos conservadores que han afectado a servicios esenciales como la Sanidad, Educación, Pensiones, Dependencia, Cultura, etc., prestaciones sin las cuales no puede haber cohesión social.

Estas medidas evidencian que el objetivo final de las maniobras especulativas es el modelo social, forzando a los organismos e instituciones a declarar su insostenibilidad financiera, dejando al mercado nuevas cuotas de negocio, al buscar rentabilidad económica a funciones netamente sociales.

A dichas medidas, y no solo a la crisis, se ha de achacar la siguiente realidad:

- Una reinterpretación mercantilista de los Servicios Públicos conforme al artículo 135 de la CE. Vaciando de contenido el Estado Social, y el papel de los Servicios Públicos en el progreso social.

- Un recorte en gasto público y protección social que nos sitúa siete puntos por debajo de la media de la zona euro; junto a un nivel de ingresos públicos 10 puntos por debajo de dicha zona.

- Un revisionismo legal que reduce a la mínima expresión la responsabilidad de los poderes públicos en la prestación y desarrollo de los Servicios Públicos, reduciendo su extensión, cobertura y calidad de cara a la ciudadanía.

- Un continuo ataque a los empleados públicos y trabajadores de servicios públicos de iniciativa privada, mediante agresivas y lesivas reformas unilaterales de sus condiciones laborales

- Un volumen de empleo público bajo mínimos, con una gran destrucción de empleo en el conjunto de actividades que configuran el sector público en términos generales, como consecuencia de una insuficiente oferta de empleo público, amortización de plazas, ERES y despidos. Sólo en las Administraciones Públicas han desaparecido 400.000 plazas.

- Unas dificultades manifiestas para que la Negociación Colectiva sectorial sea la esencia de las relaciones laborales.

- Un malestar y desmotivación crecientes en la ciudadanía ante una fractura social originada por situaciones de desamparo, pobreza, aumento de las desigualdades, etc.

 

II.- Una economía social e innovadora que aumente la cohesión social por el bien común.

Frente a la situación descrita, la nueva Federación considera que el principio del bien común y el interés general significa que se deben preservar la propiedad y recursos comunes, pues benefician al conjunto de la sociedad y tienen que seguir siendo públicos para las generaciones venideras. Por ello exigimos la adopción de las siguientes medidas:
- Recuperar el discurso de lo público como esencia de la democracia, pues su calidad depende del desarrollo de los servicios públicos, así como de los ideales de igualdad distributiva y justicia social.
- Fomentar un empleo estable con una fuerte dimensión social y unas condiciones laborales dignas.
- Impulsar una política social financieramente sostenible, estableciendo un suelo mínimo de gasto social, de partida, en cada servicio público que se presta.
- Reformar el sistema fiscal y tributario para aumentar los ingresos, basado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, que financien las políticas de inversión social.
- Concienciar que el bienestar de la ciudadanía es un factor de competitividad, pues contribuye a la eficiencia económica del país, ofreciendo seguridad y protección social que garantizan la cohesión social.

 

III.- Una nueva Federación para mejorar nuestra acción sindical: Iniciativa, participación y presencia desde la coherencia.
La nueva Federación surge como un útil instrumento, puesto al servicio de los empleados públicos y de los trabajadores de Servicios Públicos de iniciativa privada. Teniendo por objetivo ser más eficaces en el cumplimiento y desarrollo de nuestras señas de identidad:
- Articulando una nueva dimensión sindical en el ámbito de todos los Servicios Públicos, abarcando todas las actividades que tengan un fin social, ya sean prestados directamente por las Administraciones Públicas, ejecutados mediante las diversas formas de gestión (concesión, convenio, encomienda, etc.), así como por la iniciativa privada.
- Teniendo en cuenta los intereses generales y los problemas globales de igualdad de oportunidades y reducción de las desigualdades objetivas. También las demandas, sectoriales y locales, articulándolas en un proyecto global de transformación y progreso en los Servicios Públicos.
- Impulsando la participación del conjunto de la afiliación en las secciones sindicales, potenciando la intervención de las mujeres y de los jóvenes, apoyando el papel de los Delegados Sindicales, como protagonistas del sindicato en los centros de trabajo, incentivando la actitud militante.
- Estando presentes en los centros de trabajo, debatiendo cuáles son los problemas de los empleados y empleadas de los Servicios Públicos y ayudando en la búsqueda de sus soluciones. Explicando y argumentando, difundiendo opinión y fijando un horizonte en el que cobren sentido las decisiones y ofreciendo respuestas a sus problemas e incertidumbres.
- Creciendo en el volumen de los representantes de los trabajadores electos para ser más fuertes tanto en la Negociación Colectiva como en los espacios laborales en los que los órganos de representación unitaria sean competentes.

 

IV.- La sectorialización de la estructura organizativa: Sectorializar para avanzar y mejorar nuestra presencia sindical.
La nueva Federación en nuestra región, surge en cumplimiento de los mandatos y resoluciones emanados del 42º Congreso Confederal y del Congreso Constituyente de la nueva Federación celebrado el 10 y 11 de mayo de 2016. Una Federación que, abarcando la mayoría de los sectores públicos existentes en nuestro país, pretende convertirse en la principal referencia sindical para el conjunto de empleados públicos y trabajadores de Servicios Públicos de iniciativa privada.
Tenemos que seguir impulsando y consolidando un sindicalismo de clase que tienda a dar un tratamiento homogéneo, pero plural, al conjunto de los colectivos y sectores concurrentes, en conexión con unos buenos Servicios Públicos. Frente a un sindicalismo de corte corporativo, tendente a atomizar las condiciones de trabajo de los profesionales y contemplativos ante las dificultades por los que atraviesan los Servicios Públicos.
Por ello, el trabajo sectorial es un instrumento necesario para el desarrollo de nuestra organización, permitiéndonos ampliar los límites de actividad de nuestras estructuras. Su perfeccionamiento propiciará la oportunidad de encuentro y el diálogo entre empleados públicos y los trabajadores de Servicios Públicos de iniciativa privada con intereses comunes en el seno de la nueva Federación, y abrirá vías para hacer llegar a los órganos ejecutivos de la Federación propuestas encaminadas a una profundización y enriquecimiento de nuestro proyecto.
Así, aunque la estructura organizativa de la Federación es única, debemos seguir mejorando el proceso de sectorialización para dar una adecuada respuesta a las demandas de nuevos espacios y realidades laborales, generando mayores incentivos para renovar y extender nuestra afiliación, militancia y eficacia sindical.

 

V.- Recuperar, normalizar y consolidar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva en los Servicios Públicos.

Desde la nueva Federación apostamos por el diálogo y la concertación, en especial, en esta fase de crisis económica, sin perjuicio de la movilización si la situación lo requiere. Así, mantenemos la oferta de diálogo en todas las situaciones, con propuestas realistas y progresistas para tratar los graves problemas que tienen los Servicios Públicos y sus trabajadores.

 

Unas propuestas que desde el seno de la UGT se han ofrecido en reiteradas ocasiones y que continuaremos impulsando desde la nueva Federación, al menos, en una doble perspectiva:

 

1. En las Administraciones Públicas:
- Acordando un Diálogo Social permanente y fluido que responda convenientemente a las necesidades que la realidad va imponiendo.
- Exigiendo la derogación de los artículos 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Exigiendo el desarrollo y modificación, respectivamente, del Estatuto del Personal Docente y del Estatuto Marco del Personal Estatutario.
- Potenciando las Mesas Generales de Negociación de las Administraciones Públicas dentro de nuestra región.
- Ampliando el protagonismo sindical en los procedimientos de externalización y privatización de servicios. Mostrando nuestro frontal rechazo a las privatizaciones o las externalizaciones, exigiendo su paralización y luchando para su reversión del lado de la gestión directa por parte de las Administraciones de los servicios públicos. Asimismo, trataremos de estar vigilantes y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que sufran estos procesos.

 

2. En los Sectores Públicos de Gestión Privada:
- Extender la negociación colectiva sectorial en todos los ámbitos, apostando por los Convenios estatales, partiendo del III AENC.
- Garantizar y concretar la figura de la Subrogación y la sucesión empresarial que garanticen la estabilidad en el empleo.
- Establecimiento de cláusulas en los Convenios que impidan discriminaciones injustificadas con respecto al personal donde se prestan servicios.
- Protegiendo los derechos laborales de toda índole, frente a los posibles vaivenes de las concesiones públicas.
- Garantizar, en los procesos de reversión de servicios, la estabilidad en el empleo y el respeto a las condiciones laborales más favorables.

 

VI.- La Organización es la fuerza: Unirse para fortalecer la Unión.
Queda claro que los retos son muchos, pero las ganas, ilusión y capacidad de la nueva Federación los superan. En este sentido, vamos a continuar adaptando nuestra organización, estructuras y planteamientos al conjunto de los empleados públicos y trabajadores de Servicios Públicos de iniciativa privada, especializando más nuestras propuestas, para de esta manera, atender a colectivos concretos, configurando unos criterios y líneas de actuación que enmarquen nuestra acción sindical para los próximos años, y ponga de manifiesto una pluralidad de contenidos adecuados a sus demandas.